Históricamente, el sector eléctrico ha sido en la República Argentina un monopolio natural en manos del "Estado"; ahora, bajo el nuevo esquema económico de participación privada aplicado en el país, se ha hecho necesario regularlo de manera de transformarlo en un sector competitivo, efectivo, eficiente y fomentar el ingreso de inversiones privadas, para así lograr una calidad de servicio adecuada y un nivel de tarifas óptimo.
Para lograr este objetivo se implementó el sistema de tarifas a costo marginal, que no es otra cosa que la aplicación de la teoría económica al cálculo de los precios, tal como se ha probado en otros países. Para su implementación se dividió el sector eléctrico en cuatro áreas de negocios bien definidas, ellas son:
1.Generación.
2.Distribución.
3.Transporte.
4.Grandes Usuarios.
Estas áreas conforman el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que es la figura donde se realizan las transacciones económicas entre todas las empresas del sector.
Finalmente se privatizaron las empresas del Estado dentro del nuevo esquema. En su conjunto, con esta reestructuración la Secretaría de Energía Eléctrica dictó la normativa legal que regula el accionar de cada una de las empresas.
La función de administrar las transacciones económicas entre empresas del sector y realizar el Despacho Nacional de Carga recae en una nueva sociedad anónima denominada Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), en la cual tienen participación accionaria todos los actores del mercado (20% cada uno) y la Secretaría de Energía (el 20% restante). Esta nueva sociedad tiene a su vez la responsabilidad de realizar el despacho económico de las unidades, operar en tiempo real el sistema eléctrico y sancionar horariamente los costos marginales con el objeto de buscar el óptimo del sistema.
En el año 1989, en virtud de lo establecido por las Leyes Nros. 24.065 y 23.696, el Gobierno Nacional dispuso la privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). Para ello se subdividió la Compañía estatal en cuatro empresas generadoras y tres empresas distribuidoras y se llamó, escalonadamente, a concurso público internacional para su venta.
CENTRAL PUERTO S.A. se constituyó en la primera empresa generadora en ser privatizada, pasando a comercializar su energía a partir del 1º de abril de 1992.
Fue socia fundadora de la Asociación de Generadores Eléctricos de la República Argentina (AGEERA), que posee el 20% del capital accionario de CAMMESA. Su potencia instalada es de 2.165 MW, repartida en doce unidades ubicadas en las usinas de Puerto Nuevo y Nuevo Puerto, ubicadas en la Capital Federal, y Loma de la Lata en la provincia del Neuquén, con un nivel de generación que representa aproximadamente el 8,9% de la generación del total del país.
Su gestión comercial la realiza en el mercado a término a través de contratos y en el mercado spot con precios que son sancionados horariamente.
Al inicio de las operaciones, CENTRAL PUERTO S.A., más que una empresa, funcionaba como dos centros de costos de la ex-SEGBA. Las centrales Nuevo Puerto y Puerto Nuevo, no obstante su cercanía física operaban independientemente. Ninguna contaba con estructura administrativa, gerencial, ni con los recursos físicos ni financieros para operar como una unidad de negocio independiente.
Mientras las centrales formaron parte de la ex-SEGBA, tanto el mantenimiento como la inversión fueron postergados por problemas presupuestarios. Dada esta situación inicial, se llevó a cabo un plan de inversiones para la rehabilitación de las unidades orientado a recuperar la capacidad instalada. Además, CENTRAL PUERTO S.A. también contempló la posibilidad de invertir en ampliar su capacidad, o intervenir en nuevos negocios relacionados con el ámbito eléctrico, lo que trajo aparejado la construcción en 1994 de la central Loma de la Lata en la provincia del Neuquén y en 1998 la central de ciclo Combinado construida en los terrenos de Nuevo Puerto.
Historia extraída de:
http://mepriv.mecon.gov.ar
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